Durante el XXVI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública “Cercanía al ciudadano: digitalización y gestión local”, llevado a cabo en Bogotá, Colombia, durante el 23 al 26 de noviembre de 2021, bajo una modalidad mixta: que combina participación presencial y virtual; se realizó un Panel con destacados expertos de la Argentina y Perú bajo el título:“Beneficios y riesgos del acceso a la información, en tiempos de la revolución digital”.

En dicho Panel participaron:

- Pedro Leborburu, ex secretario de Empleo Público de la Argentina y colaborador del CLAD.
- Andrés Ibarra, socio fundador de la Fundación País Abierto y Digital (PAD), Argentina.
- Elaine Ford, directora fundadora de D&D Internacional - Democracia Digital.

En el CLAD se dan cita ministros y secretarios de Estado responsables de las políticas públicas en cuestión, así como parlamentarios, investigadores y docentes universitarios y de instituciones especializadas, consultores, funcionarios públicos y gremialistas. Son sus objetivos propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos, en los países de Iberoamérica y el Caribe.

A continuación se describe un abstract con información de la sesión y el contenido de los expositores principales.

Abstract - Marco Conceptual: Lo que buscamos transmitir

La revolución digital en la que vivimos, atraviesa todas las áreas de la actividad humana, tanto en el orden público como privado, y ha producido un impacto gigantesco y disruptivo en las actividades productivas, en el mundo del trabajo, en la educación, en la salud, el comercio, los servicios financieros, la cultura, el entretenimiento, las comunicaciones, las relaciones sociales, la gestión de las administraciones públicas y su vínculo con los ciudadanos, y en la creciente demanda y nuevos modos para la participación ciudadana.

Todos estamos alcanzados por estos impactos de escala global, ya sea como protagonistas y ciudadanos del mundo digital, pudiendo apropiarnos de las oportunidades y de los beneficios que trae la revolución digital; o como meros espectadores, rezagados de los cambios y postergados de la modernidad.

Es la “brecha digital”, generada por el desigual acceso a las tecnologías y medios digitales (conexión, velocidad, dispositivos), y las capacidades necesarias para su apropiación y aprovechamiento. Es por esto, y tratando de evitar que se desarrolle una sociedad “a dos velocidades”, que el acceso a Internet es considerado un derecho humano universal, como ha sido reconocido por los organismos internacionales y por una gran mayoría de países. Y no como un derecho más, o tal vez no como un derecho humano en sí mismo, como un bien o valor final, pero sin dudas como un necesario facilitador para el ejercicio de todos los demás, sean derechos individuales, civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la información, a la libertad de expresión y de protesta, a la propiedad, al voto; o sean derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la educación o al trabajo. ¿Cómo podría competir por un empleo alguien que vive en una comunidad rural sin computadora ni internet, frente a otra persona que vive en una ciudad, donde puede obtener acceso gratuito a wifi hasta en los espacios públicos?

La posibilidad de acceder plenamente o no a internet tiene tal relevancia en nuestros días que, por sí sola, puede marcar la diferencia entre la prosperidad o la pobreza, el conocimiento o la ignorancia, la libertad o la opresión. La brecha digital es una brecha social.
Ahora bien, el acceso de calidad a internet no resulta ajeno al desarrollo de la economía en general, y de la industria de las telecomunicaciones en particular. Los gobiernos enfrentan grandes desafíos para hallar las estrategias más eficaces para expandir y asegurar el derecho al acceso, promover la transformación digital y reducir la brecha digital entre sus habitantes. Son a la vez responsables de garantizar que ese acceso sea regular, continuo y libre de interferencias, preservándolo con la mayor amplitud, alcance y equidad posibles.

La pandemia COVID-19 ha castigado a todas las sociedades sin excepción. Pero ha puesto en evidencia que aquellos países mejor preparados desde el desarrollo de las TIC, y el despliegue de conectividad y banda ancha – es decir, con mayor acceso a internet de calidad – han sorteado mejor la crisis, permitiendo mayor teletrabajo y teleducación, facilitando a su vez el distanciamiento físico, pero manteniendo el flujo de bienes y servicios, moderando así el impacto en la actividad socioeconómica. En esos países, la “parálisis física” se compensó con “movilidad virtual”, y son asimismo los países que mejor preparados están para recuperarse.

En América Latina, el menor desarrollo relativo de internet ya era un dato antes de la pandemia, y es causante del mayor impacto que ésta ha dejado - hasta aquí - en sus economías: caída del PBI (-9.1%); valor de las exportaciones (-23%); cierre de empresas (-2.7 millones); aumento del desempleo (+18 millones); aumento de la pobreza (+45.7 millones). Los costos asociados con la conexión de los hogares, su peso relativo en el ingreso medio, y el costo de los dispositivos necesarios, sumados a las dificultades para financiar la infraestructura (p.e. el despliegue de fibra óptica) constituyen barreras para la inclusión digital.

Asimismo, el reconocimiento del acceso a Internet como derecho humano debe ir acompañado de la formación en competencias digitales, para que los ciudadanos puedan usar realmente la tecnología como una herramienta de progreso. Está muy bien que podamos comunicarnos usando WhatsApp, ver videos en YouTube o navegar en Facebook, pero además del acceso, es importante la apropiación de la tecnología, que las personas sepan cómo usarla para avanzar en muchas cuestiones, como la capacitación online, la búsqueda de trabajo o la actividad laboral desde plataformas.

En este contexto global y regional, con estos desafíos para la equidad y la inclusión, para que “nadie sea dejado atrás” como promueve la ONU desde los ODS, y promoviendo la transformación digital y la plena vigencia de los derechos humanos, pondremos el foco en el acceso a la información, como una manera de facilitar e iluminar este proceso de cambio, y como un derecho, a ser protegido de los riesgos de interferencias y desinformación.

No cabe duda de que las TIC y la plataforma de Internet son herramientas extraordinarias para acceder a una vastísima cantidad de datos e información, que se producen en el mundo segundo a segundo. Los datos son tanto un activo social como un horizonte de verdad.

Y si la información es poder, facilitar, transparentar y democratizar el acceso a ella por parte de ciudadanos, empresas, emprendedores, y organismos de la sociedad civil, es un aspecto crucial que conlleva una consecuencia fundamental: más información y de mayor calidad mejora la toma de decisiones, para gobiernos, entidades privadas y personas, y en todas la dimensiones económicas, políticas y sociales.

Por el contrario, cuando el acceso es limitado, restringido, o la información es sesgada o manipulada, el terreno de las opiniones sin sustento conduce a la lógica de la polarización y al estancamiento del desarrollo de la sociedad.

Son éstas entonces, las dos dimensiones en que abordaremos el acceso a la información, cuando lo que se persigue es la transformación digital de la sociedad y su progreso, promoviendo más libertades, y mayor apertura y participación: en un plano, su disponibilidad para profundizar el conocimiento y alentar en todas sus dimensiones el desarrollo digital y la búsqueda de sus caminos más efectivos, fundados en datos y evidencias; en el otro, la protección, tanto en la esfera pública como privada, individual y colectiva, frente a los desvíos o distorsiones en los datos o en la información que circulan en la red, que obstaculizan el empoderamiento, la participación y la formación libre de opiniones y criterios por parte de las personas y comunidades.

Las dos ponencias que se presentan en este panel, se harán cargo cada una, de estos dos desafíos:

1. Fortalecer la transformación digital de la sociedad disponibilizando datos, análisis, información y conocimiento especializado a través de un Observatorio para el Desarrollo Digital, en donde se aborden todas las dimensiones temáticas del ecosistema digital, para favorecer el debate y la toma de decisiones; a cargo de Andrés Ibarra.

2. Proteger la transparencia, el derecho a verdad y a la calidad de la información en el marco de los medios digitales de comunicación e interacción social, exponiendo los límites donde la libertad puede convertirse en irresponsabilidad, especialmente en tiempos de crisis políticas o procesos electorales, afectando las decisiones de los ciudadanos y la calidad de la democracia, a cargo de Elaine Ford.

La moderación del Panel estuvo a cargo de Pedro Legorburu.

#DemocraciaDigital